El presente documento es el resultado de un análisis pormenorizado de los Planes de Desarrollo Departamentales 2020-2023 y sus apuestas para el desarrollo rural agropecuario. Este es un documento determinante para el ejercicio de rectoría sectorial en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la necesaria articulación y coordinación interinstitucional de las entidades sectoriales, como de aquellas cuya misión tiene una fuerte incidencia en la realidad del campo colombiano, desde una perspectiva integral.

En el propósito de formular un Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en Colombia, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) ha realizado un análisis del panorama internacional y de las políticas públicas que en materia de distribución de la propiedad rural y estructura agraria, acceso a tierras, regularización del mercado de tierras rurales, regulación de los derechos de dominio, administración de tierras del Estado y otros asuntos clave del Ordenamiento Social de la Propiedad; han surgido como instrumentos de reforma agraria en América Latina durante el último siglo.

El objetivo de este boletín es dar continuidad al análisis de la distribución de la tierra, que comenzó con la publicación del «Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia» (IGAC, 2012), continuó con la publicación del libro «Análisis de la distribución de la propiedad rural en Colombia: metodología y resultados 2014» (Cuéllar et al., 2018) y ahora incorpora temáticas que permiten profundizar en aspectos relacionados con los principales fenómenos asociados a la distribución de la tierra rural.

El presente documento, síntesis del trabajo de consultoría desarrollado por la UPRA en 20151 sobre conflictos urbano rural y su incidencia en la formulación de la política nacional para el ordenamiento del suelo rural, busca identificar algunos conflictos sobre el uso del suelo rural para desarrollar recomendaciones para su resolución, a partir del diagnóstico identificado en la en la Misión de Ciudades del Departamento Nacional de Planeación (documento CONPES 3819 de 2004) y las «Bases para la política de gestión del territorio para usos agropecuarios» (Gestua) formuladas por la UPRA (Massiris, 2015).

El propósito fundamental de esta publicación es aportar al conocimiento del comportamiento y estructura de la distribución de la propiedad sobre la tierra rural en Colombia, como una herramienta fundamental para avanzar en los urgentes y complejos retos que tiene el país en relación con este tema, entre otros, y contribuir a «planificar el ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales, definir los criterios y crear los instrumentos requeridos para tal efecto», hoy a cargo de la UPRA.

la UPRA, en 2017, inicia la compilación de algunos de sus principales resultados en un atlas de mercado de tierras con el fin de brindar al país la primera obra de su género en la que se presenta información del mercado de tierras para conocer su funcionamiento, su relación con el sistema territorial agropecuario y brindar insumos para la orientación de políticas públicas intra y extra sectoriales, en diferentes ámbitos geográficos.

El documento contiene las bases conceptuales del proceso de regularización de la propiedad rural en Colombia presentando su importancia en el desarrollo del sector agropecuario, dado que con su implementación se mejora la calidad de vida de los pobladores rurales incrementando su patrimonio y dando mayores posibilidades de acceder a los mercados de crédito permitiendo realizar inversiones a largo plazo para la ejecución de proyectos productivos.

El presente documento establece: las bases conceptuales, los desafíos, el marco institucional, los objetivos estratégicos y las líneas de acción, las actividades, metas y oferta institucional para el periodo comprendido entre el 2014 al 2018 del componente de ordenamiento productivo de la Estrategia para el agro y el desarrollo rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

La compresión de los postulados que se encuentran en la Constitución Política de Colombia frente a los asuntos relacionados con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, entre otros, son algunos de los asuntos que se abordarán en la primera parte de este documento, que a su vez es la base de los desarrollos legislativos que se desarrollan a continuación, como la Ley 388 de 1997, la ley 1454 de 2011 y la Ley 1625 de 2013. Para cada una de estas se presentan sus contenidos y algunos elementos para su comprensión, así como los insumos disponibles para la formulación de dichos contenidos; lo anterior, desde su relación con el ordenamiento territorial rural, con especial atención al ordenamiento territorial rural agropecuario y la «Gestión del territorio para usos agropecuarios» (Gestua)

Este documento trata sobre las interrelaciones entre crecimiento, desarrollo y ordenamiento territorial y sobre los nuevos enfoques del desarrollo y ordenamiento territorial rural agropecuario. Está orientado principalmente a contribuir en los nuevos procesos de planificación del ordenamiento territorial, impulsados a través del programa POT modernos, proponiendo elementos de reflexión y análisis que permitan trascender el abordaje tradicional de la planificación territorial centrada en los aspectos físicos de los usos del suelo y en un tratamiento sectorial, limitado ante la naturaleza sistémica del territorio y la necesidad de incluir de manera amplia los procesos de construcción social de territorio.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) elaboró una cartilla que estandariza los tipos de contrato más comunes a los que normalmente se acude en el sector agropecuario; en esta cartilla se consolidan las definiciones, los conceptos de cada modelo contractual, sus implicaciones jurídicas, beneficios y dificultades en su implementación.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) elaboró, junto a la cartilla que estandariza los tipos de contrato más comunes a los que normalmente se acude en el sector agropecuario, las minutas o formatos, documentos que contienen los elementos mínimos de guía para consolidar un contrato. Éstas contienen en su clausulado una orientación hacia las condiciones más favorables para el sector agropecuario.