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Urge implementación del Decreto de tierras

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Bogotá, agosto 16 de 2017 (@MinAgricultura @aurelioIragorri). En atención a la Audiencia Pública citada por la Corte Constitucional, el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, expuso a los togados y demás presentes la urgencia de implementar el Decreto Ley de Tierras 902 de 2017, para promover más resultados en materia de escrituración.

 "El campo requiere de manera urgente obtener orden en materia de tierras, el detonante principal de la guerra en los últimos 53 años. Hoy, el 70% de los 4 millones de hectáreas registradas por el Censo Nacional Agropecuario, no cuentan con escrituras, generándose una preocupación por sus habitantes quienes las han destinado desde que las adquirieron para la producción agro", indicó el Ministro Iragorri.

El jefe de la cartera aclaró ante el organismo que de ser exequible el Decreto de Tierras, se disminuyen los trámites para poder formalizar la propiedad rural, que pasarían de 52 a 1 solo trámite, evitando el surgimiento de irregularidades que motivan exclusivamente la inequidad o el acceso mismo de familiar rurales que requieran.

De agilizar la implementación del Decreto de Tierras, indicó el jefe de la cartera rural, tendrán mayor viabilidad las cinco herramientas de seguridad jurídica que se están promoviendo en el Congreso de la República para atender al punto de Desarrollo Rural Integral del acuerdo de paz, y que se relacionan con la asistencia técnica, sistema de riego, financiamiento, vivienda rural e innovación.

"Que la gente en el campo, en un 70% no tenga escrituradas sus hectáreas y que además 800 mil familias no tengan acceso a tierras, porque esos 12 millones de habitantes rurales están arrumados en el 5% apenas de las 113 millones de hectáreas disponibles para el campo, hace de ésta, una necesidad de imperiosa ejecución", explicó el jefe de la cartera rural.

A través de la Agencia Nacional de Tierras se ejecutan las disposiciones técnicas previstas en el Decreto 902, y una vez se surta la fase de presentación de ponencias antes la Corte Constitucional, este organismo en pleno y con base en la postura de todos los participantes, emitirá su posición como ente judicial, veedor de las Medidas para la Implementación de la Reforma Rural contemplada en el Acuerdo Final.